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La Contraloría General de la República tomó razón de la Resolución N° 51, de 2012, del…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de la Resolución N° 51, de 2012, del Servicio Nacional para la P.R.C.D.A., que aprobó un convenio con la Fundación Paréntesis para la compra de meses de planes de tratamiento destinados a personas con consumo problemático de sustancias estupefacientes o sicotrópicas durante 2012. El organismo consideró el acto ajustado a derecho, pero hizo presente que la facultad para celebrar estos convenios está expresamente consagrada en la letra j) del artículo 19 de la Ley N° 20.502, omitida en el considerando segundo de la resolución y en la cláusula segunda del convenio. Además, desestimó uno de los ejemplares originales del contrato por consignar una cifra que no coincide con el precio final pactado en el párrafo segundo de su cláusula séptima, que corresponde a $841.255.680.

Normas citadas

  • ley 20502 art/19 lt/j
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un servicio público celebrar convenios para comprar planes de tratamiento para personas con consumo problemático de drogas, y qué norma lo habilita?

En este caso, la Contraloría tomó razón de una resolución que aprobó un convenio de compra de planes de tratamiento y lo consideró ajustado a derecho. Hizo presente que la facultad está expresamente consagrada en la letra j) del artículo 19 de la Ley N° 20.502, que no fue citada en la resolución ni en el convenio.

¿Qué pasa si un acto administrativo omite citar la norma que habilita al órgano para celebrar un convenio?

En este dictamen, la Contraloría tomó razón del acto pese a la omisión, pero observó que la resolución no citó la letra j) del artículo 19 de la Ley N° 20.502, la que contiene la facultad. Por eso hizo presente la omisión en el considerando y en la cláusula pertinente del convenio.

¿Qué ocurre si uno de los ejemplares de un contrato administrativo indica un precio distinto al pactado?

En este caso, la Contraloría desestimó uno de los ejemplares originales del contrato porque su cifra no coincidía con el precio final pactado en la cláusula séptima. El precio correcto que señala el dictamen es el de $841.255.680.

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