Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución 18, de 2012, del Servicio Nacional para la P.R.C.D.A., que aprueba un convenio con el Servicio de Salud Libertador Bernardo O'Higgins para la compra de meses de planes de tratamiento destinados a personas con consumo problemático de sustancias estupefacientes o sicotrópicas durante el año 2012. El organismo lo declaró ajustado a derecho, pero formuló dos observaciones: la primera, que el servicio deberá en adelante salvar mediante firma y timbre de la autoridad competente las correcciones de texto, pues ello no se cumplió en el párrafo segundo del número 4 de la cláusula cuarta; la segunda, que la facultad para celebrar convenios con instituciones públicas está expresamente contemplada en la letra j) del artículo 19 de la ley N° 20.502, omisión que debe consignarse en el considerando quinto de la resolución y en el párrafo segundo de la cláusula primera del convenio.