El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las no…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025
Resumen
El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa presentado contra el Servicio de Registro Civil e Identificación. La parte reclamante buscaba que se resolviera una solicitud de posesión efectiva, y no denunciaba la falta de publicación o de acceso a información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos conforme a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento. Por ello, el Consejo concluyó que no existía infracción y que el reclamo carecía de un elemento habilitante para ser interpuesto. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde su notificación, y no procede recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por la resolución de una solicitud de posesión efectiva en el Registro Civil?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo porque no denunciaba una infracción de transparencia activa, es decir, la falta de publicación o acceso a información que los órganos de la Administración deben mantener en sus sitios electrónicos. La resolución de una solicitud de posesión efectiva no corresponde a ese tipo de infracción.
¿Qué recurso procede contra una resolución del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación, y que no procede recurso de reposición.
¿Cuándo existe infracción a las normas de transparencia activa según la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo concluyó que no hubo infracción porque el reclamo no se fundaba en la falta de publicación o de acceso a la información que los órganos de la Administración del Estado deben mantener en sus sitios electrónicos conforme a los artículos 7º de la Ley y 51 de su Reglamento.
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