La Corte Suprema conoció una acción constitucional de protección interpuesta a favor de…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema conoció una acción constitucional de protección interpuesta a favor de una menor de edad de nacionalidad venezolana, cuyo visado temporal por razones humanitarias había sido archivado por el Servicio Nacional de Migraciones por falta de documentación. La Corte revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Arica de 16 de mayo de 2025 y acogió la acción, por estimar la actuación administrativa ilegal y desproporcionada, considerando el interés superior del niño conforme a la Ley 21.325. En consecuencia, dejó sin efecto la resolución que ordenaba el archivo y dispuso que la administración reabra el procedimiento, acepte la partida de nacimiento como prueba por equivalencia para acreditar identidad y relación filial, y resuelva conforme a derecho integrando los artículos 4 y 12 de dicha ley.
Normas citadas
Artículo 7, Ley 21.325
Artículo 4, Ley 21.325
Artículo 12, Ley 21.325
Artículo 41, Ley 21.325
Convención Internacional de los Derechos del Niño
Constitución Política de la República
interés superior del niñoderecho migratorioprotección de menoresprocedimiento administrativovisado humanitarioprueba equivalenteidentidad de extranjeros
Preguntas frecuentes
¿Se puede aceptar la partida de nacimiento como prueba de identidad y filiación en un trámite migratorio cuando faltan otros documentos?
En este caso, la Corte Suprema dispuso que la administración acepte la partida de nacimiento como prueba por equivalencia para acreditar identidad y relación filial de la menor. La decisión se fundó en la integración de los artículos 4 y 12 de la Ley 21.325.
¿Cómo se aplica el interés superior del niño en la acción de protección frente a decisiones migratorias en Chile?
En este caso, la Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Arica y acogió la acción de protección, dejando sin efecto la resolución de archivo. Sostuvo que la actuación administrativa debía ponderar el interés superior de la menor, conforme a la Ley 21.325.
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