Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 824 de 2010 del Ministerio de Educación, que aprueba las bases administrativas y su anexo para el concurso de proyectos de carácter general del Fondo de Desarrollo Institucional 2010, por considerarla ajustada a derecho. Con todo, hizo presente un alcance: la determinación del tipo de garantía que deben otorgar las entidades beneficiarias, conforme a la letra b) del punto 18 de las bases, debe realizarla el Ministerio en atención a si la institución es pública o privada, según la letra a) de ese mismo punto. Además, señaló que las bases omitieron establecer la caución de fiel cumplimiento, pese a que el organismo había requerido expresamente consignar esa condición.