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La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 100, de 2012, del Mini…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 100, de 2012, del Ministerio de Bienes Nacionales, que adjudica una licitación pública para la venta de un inmueble fiscal y autoriza su transferencia a Inmobiliaria Pocuro Limitada, por considerarlo ajustado a derecho. Sin embargo, formuló un alcance: los recursos provenientes de la enajenación deben imputarse a la ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2013, y no al año 2012 como indicaba el decreto, conforme al criterio del dictamen N° 32.508, de 2012. La razón es que, según las bases de la licitación, el plazo para suscribir el contrato es de 30 días hábiles desde la notificación, de modo que la compraventa no podría celebrarse dentro de 2012.

Normas citadas

  • ley 20641
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿A qué año presupuestario deben imputarse los ingresos por la venta de un inmueble fiscal adjudicado mediante licitación pública?

En este caso, la Contraloría tomó razón del decreto de adjudicación, pero formuló un alcance: los recursos de la enajenación deben imputarse a la ley de Presupuestos del año siguiente (2013) y no al año 2012 que indicaba el decreto. Lo fundó en que, según las bases, el contrato debía suscribirse en 30 días hábiles desde la notificación, por lo que no podía celebrarse dentro de 2012.

¿Puede la Contraloría tomar razón de un decreto que adjudica una venta de inmueble fiscal, si hay un error en la imputación presupuestaria?

En este caso, la Contraloría consideró el decreto ajustado a derecho y tomó razón, pero condicionó el trámite con un alcance que corrige la imputación presupuestaria. Así, la toma de razón se mantuvo y el error fue subsanado mediante la precisión de que los recursos corresponden al presupuesto de 2013.

¿Cuál es el plazo para suscribir el contrato de compraventa tras la adjudicación de una licitación pública de un inmueble fiscal?

En este caso, las bases de la licitación establecían un plazo de 30 días hábiles desde la notificación para suscribir el contrato. Ese plazo fue el fundamento que llevó a la Contraloría a concluir que la compraventa no podía celebrarse dentro del mismo año 2012.

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