Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 100, de 2012, del Ministerio de Bienes Nacionales, que adjudica una licitación pública para la venta de un inmueble fiscal y autoriza su transferencia a Inmobiliaria Pocuro Limitada, por considerarlo ajustado a derecho. Sin embargo, formuló un alcance: los recursos provenientes de la enajenación deben imputarse a la ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2013, y no al año 2012 como indicaba el decreto, conforme al criterio del dictamen N° 32.508, de 2012. La razón es que, según las bases de la licitación, el plazo para suscribir el contrato es de 30 días hábiles desde la notificación, de modo que la compraventa no podría celebrarse dentro de 2012.