Resumen
La Contraloría General de la República informó un recurso de protección interpuesto contra su resolución exenta N° 3.642 de 2010, que ordenó la restitución de incrementos remuneracionales pagados indebidamente a funcionarios municipales conforme al artículo 2° del decreto ley N° 3.501 de 1980. El organismo sostuvo que la percepción indebida tuvo origen en una interpretación errónea de algunos municipios sobre un párrafo no decisorio de un dictamen anterior, y que ese error, cometido de buena fe, no es atribuible al ente Contralor. Consideró que la devolución busca restablecer el orden normal y evitar un enriquecimiento injusto, sin carácter sancionatorio, por lo que no es arbitraria aunque los funcionarios carezcan de culpa o dolo, y que se contemplaron facilidades y eventuales condonaciones. La Corte de Apelaciones, en lo que el texto resuelve, desestimó el recurso sin pronunciarse sobre las garantías alegadas, y la Corte Suprema lo confirmó el 19 de agosto de 2010.