Resumen
La Contraloría General de la República reconsideró en lo pertinente pronunciamientos anteriores tras constatar, con nuevos antecedentes aportados por la Municipalidad de Maipú, que la actividad autorizada se realizó en el gimnasio S.B. y no en el recinto informado inicialmente. No obstante, detectó un error en el monto cobrado: el decreto de autorización ordenó aplicar tarifas previstas para actividades de establecimientos educacionales con expendio de alcohol, supuesto que no concurría, pues el beneficiario era un sindicato de trabajadores independientes de ferias. Por ello, ordenó a la municipalidad regularizar la situación y efectuar el cobro que corresponda por la actividad comercial, la venta de alcoholes y el uso del gimnasio, conforme a la ordenanza local, e informar en 20 días hábiles a la Unidad de Seguimiento de la División de Municipalidades. Además, el organismo había ordenado instruir un proceso disciplinario para hacer efectivas las responsabilidades administrativas.