Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el criterio del dictamen N° 25.964, de 2012, aplica al patrimonio de afectación fiscal que administra el Comando de Industria Militar e Ingeniería del Ejército (CIMI). El órgano constató que, conforme a la ley N° 18.723, el CIMI administra un patrimonio de afectación fiscal con rasgos propios, análogo al de los Servicios de Bienestar Social de las Fuerzas Armadas regulados por la ley N° 18.712. Por ello, complementó el dictamen previo y concluyó que la exigencia y el procedimiento del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975, y del decreto N° 134, de 2009, de los Ministerios de Hacienda y de Defensa Nacional, no son aplicables a ese patrimonio.