Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema conoció de un recurso de casación en el fondo interpuesto por el Fisco de Chile contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua que confirmó el fallo de primera instancia que acogió el reclamo de expropiación del actor. El actor, propietario de terrenos expropiados mediante Decreto Supremo N°329 de 2019 del Ministerio de Obras Públicas, alegó que la expropiación carecía de utilidad pública porque el acceso al proyecto de agua potable ya existía. El Fisco sostuvo que la utilidad pública está determinada por ley, no requiriendo prueba fáctica adicional. La Corte Suprema acogió el recurso, revocó la sentencia de alzada y rechazó el reclamo, estableciendo que la calificación de utilidad pública corresponde al legislador y no necesita ser acreditada en cada caso. El fallo se fundó en el artículo 19 N°24 de la Constitución y el artículo 105 del D.F.L. N°850, que declara de utilidad pública los bienes necesarios para obras públicas. En consecuencia, el decreto expropiatorio cumplía con los requisitos legales y no procedía dejarlo sin efecto.