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La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por una funcionaria munic…

Sentencia · Corte Suprema · 2026

Resumen

La Corte Suprema conoció un recurso de protección interpuesto por una funcionaria municipal de San Bernardo contra los decretos alcaldicios que dispusieron su destitución tras un sumario administrativo por una falta grave a la probidad, relacionada con una orden de compra y el pago de un contrato incumplido. La recurrente alegó falta de motivación, vulneración del debido proceso y desproporción de la sanción. La Corte revocó la sentencia de primera instancia que había acogido el recurso y, en su lugar, lo rechazó. Estimó que los decretos cumplían el deber de motivación de la Ley N°19.880, que la funcionaria fue notificada de los cargos, presentó descargos, rindió prueba y dedujo recursos administrativos resueltos por las autoridades competentes, y que la destitución era la sanción que la ley establece para una falta grave a la probidad. Concluyó que no existió acto ilegal ni arbitrario que vulnerara las garantías invocadas.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República de Chile art. 20
  • Ley 19880 art. 11
  • Ley 19880 art. 41
Derecho a defensaDestitución de funcionarioRecurso de protecciónPotestad disciplinariaAcción de naturaleza cautelarFalta grave a la probidad administrativaDeber de fundamentaciónPresentación de descargos

Preguntas frecuentes

¿Un decreto alcaldicio que destituye a un funcionario municipal por una falta a la probidad debe estar motivado y respetar el debido proceso?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que los decretos cumplían el deber de motivación de la Ley 19.880 y que el funcionario fue notificado de los cargos, presentó descargos, rindió prueba y dedujo recursos administrativos resueltos por las autoridades competentes.

¿Es procedente un recurso de protección contra la destitución de un funcionario municipal por falta grave a la probidad?

En este caso, la Corte Suprema revocó la sentencia de primera instancia que había acogido el recurso y lo rechazó, al estimar que no existió acto ilegal ni arbitrario que vulnerara las garantías invocadas.

¿La destitución de un funcionario municipal por falta grave a la probidad puede considerarse una sanción desproporcionada?

En este caso, la Corte Suprema concluyó que la destitución era la sanción que la ley establece para una falta grave a la probidad, por lo que no la estimó desproporcionada.

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