Resumen del criterio jurisprudencial
La recurrente, funcionaria municipal, interpuso un recurso de protección contra la Municipalidad de San Bernardo impugnando los decretos alcaldicios que dispusieron su destitución tras un sumario administrativo. Se le imputó haber realizado una orden de compra sin incluir la instalación de una reja y haber solicitado el pago pese al incumplimiento contractual. La recurrente alegó falta de motivación, vulneración del debido proceso y desproporción de la sanción. La Corte Suprema revocó la sentencia apelada que había acogido el recurso y, en su lugar, lo rechazó. Consideró que el procedimiento disciplinario se ajustó a la normativa, que la recurrente pudo ejercer su defensa y que la destitución era proporcional a la falta grave a la probidad. Concluyó que no existió acto ilegal ni arbitrario que vulnerara las garantías constitucionales invocadas.