La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 202, de 2011, de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 202, de 2011, de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, que aprueba el convenio celebrado entre esa Dirección y la Asociación Chilena de Gastronomía A.G. El organismo lo declaró ajustado a derecho, pero con un alcance: la garantía de anticipo prevista en la cláusula cuarta del acuerdo deberá renovarse oportunamente para caucionar los fondos anticipados durante el plazo que el convenio establece. Con ese alcance, se tomó razón del acto administrativo.
Normas citadas
Resolución N° 202, de 2011
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría tomar razón de un convenio con una corporación privada si el acuerdo prevé un anticipo de fondos públicos?
En este caso, la Contraloría tomó razón de la resolución que aprueba el convenio entre la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales y la Asociación Chilena de Gastronomía A.G., declarándolo ajustado a derecho. Lo hizo con el alcance de que la garantía de anticipo de la cláusula cuarta debe renovarse oportunamente durante el plazo del convenio.
¿Qué condición debe cumplirse para que la Contraloría tome razón de un convenio que contempla un anticipo de fondos?
En este caso, el organismo condicionó la toma de razón a que la garantía de anticipo prevista en la cláusula cuarta se renueve oportunamente, de modo que caucione los fondos anticipados durante todo el plazo del convenio. Sin ese alcance, el acto no habría quedado tomado razón.
¿Qué efecto tiene la falta de renovación de la garantía de anticipo en un convenio administrativo?
En este caso, la Contraloría dejó establecido que la garantía de anticipo debe renovarse oportunamente para caucionar los fondos entregados durante el plazo pactado. El resumen no detalla las consecuencias específicas de una eventual falta de renovación.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.