El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, que excluye ciertos delitos de la aplicación de penas sustitutivas. La mayoría del Tribunal acogió el requerimiento y declaró inaplicable dicha disposición en el caso concreto, por considerar que vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de proporcionalidad de las penas. Fundó su decisión en que la norma restringe de manera desproporcionada e inequitativa el acceso a las penas sustitutivas, incluso en delitos de menor gravedad, lo que resulta incompatible con la reinserción social, y en que la privación de libertad debe ser una medida de última ratio. Hubo votos disidentes y una prevención.
Tribunal ConstitucionalINAAfectacion De Los Derechos En Su EsenciaControl De Tratado Sobre Materia De LOCDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadDerecho Al Acceso A La InformacionDerechos Implicitos
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma que excluye ciertos delitos de las penas sustitutivas?
Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y declaró inaplicable en el caso concreto el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, por considerar que restringía de forma desproporcionada e inequitativa el acceso a las penas sustitutivas.
¿Vulnera la igualdad ante la ley excluir de penas sustitutivas delitos de menor gravedad?
Según este fallo, sí. La mayoría del Tribunal estimó que la exclusión legal afecta la igualdad ante la ley, incluso en delitos de menor gravedad, y que resulta incompatible con la reinserción social.
¿La privación de libertad es siempre la respuesta penal necesaria en Chile?
No necesariamente. En este caso, el Tribunal sostuvo que la privación de libertad debe ser una medida de última ratio, lo que fundamentó su decisión. Hubo votos disidentes y una prevención, por lo que la decisión no fue unánime.
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