El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por un…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2011
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación presentada por una empresa en contra de un municipio, destinada a dejar sin efecto la adjudicación de una licitación de arriendo de camiones. En la parte resolutiva, el tribunal acogió las tachas formuladas contra dos testigos de la parte demandante y acogió la acción de impugnación, pero solo en cuanto declaró ilegal y arbitrario el decreto exento que adjudicó la licitación. Como el contrato ya estaba suscrito y en curso, el tribunal no anuló la adjudicación ni los actos posteriores, y reconoció al demandante el derecho a entablar en la sede respectiva las acciones jurisdiccionales indemnizatorias y las administrativas pertinentes. Además, dispuso que cada parte pagara sus costas. El fallo se fundó en que el interés público comprometido en el acto obligaba a resguardar la continuidad del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad de los órganos de la Administración del Estado y de los agentes que concurrieron a la ejecución del acto calificado de ilegal.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si se declara ilegal la adjudicación de una licitación pero el contrato ya está suscrito y en ejecución?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitrario el decreto que adjudicó la licitación, pero no anuló la adjudicación ni los actos posteriores por el interés público y la continuidad del contrato.
¿Se puede demandar indemnización si el contrato ya se ejecutó tras una adjudicación declarada ilegal?
En este caso, el tribunal reconoció al demandante el derecho a entablar en la sede respectiva las acciones jurisdiccionales indemnizatorias y las administrativas pertinentes, sin perjuicio de la responsabilidad de los órganos de la Administración.
¿Cómo se resuelven las costas en una acción de impugnación ante el Tribunal de Contratación Pública?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública dispuso que cada parte pagara sus costas, tras acoger la acción de impugnación solo en cuanto declaró ilegal y arbitrario el decreto de adjudicación.
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