El Tribunal de Contratación Pública acogió una acción de impugnación presentada por una…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2014
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública acogió una acción de impugnación presentada por una empresa oferente contra la Municipalidad de San Ramón, por la adjudicación de la licitación pública "Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios", con la que se cuestionaba la legalidad del proceso de selección. El tribunal declaró la ilegalidad tanto del informe de adjudicación emitido por la comisión evaluadora como del decreto municipal que adjudicó la licitación a un consorcio, dejando ambos actos sin efecto, junto con los actos posteriores ejecutados en virtud de ellos. Asimismo, dejó sin efecto el contrato suscrito con el consorcio adjudicatario, considerando que gran parte de su plazo de ejecución se encontraba pendiente, y ordenó retrotraer el proceso a una nueva evaluación de las propuestas por una comisión integrada por funcionarios distintos a los que emitieron el informe anulado. Para el caso de que esa medida no pudiera cumplirse, reconoció a la demandante el derecho a demandar indemnizaciones ante la sede jurisdiccional competente. Cada parte pagará sus costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si un tribunal declara ilegal la adjudicación de una licitación pública municipal?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegales el informe de adjudicación y el decreto municipal, los dejó sin efecto junto con los actos posteriores y el contrato suscrito, y ordenó retrotraer el proceso a una nueva evaluación por otra comisión. Si eso no era posible, reconoció el derecho a demandar indemnizaciones.
¿Puede un oferente impugnar ante el Tribunal de Contratación Pública la adjudicación de una licitación de un municipio?
En este caso, el Tribunal acogió la acción de impugnación presentada por una empresa oferente contra la Municipalidad de San Ramón por la adjudicación de un servicio de recolección de residuos, cuestionando la legalidad del proceso de selección.
¿Qué pasa con el contrato ya firmado si la licitación pública se anula por ilegalidad?
En este caso, el tribunal dejó sin efecto el contrato suscrito con el consorcio adjudicatario, considerando que gran parte de su plazo de ejecución estaba pendiente. Además, ordenó que la licitación fuera reevaluada por funcionarios distintos a los que emitieron el informe anulado.
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