Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Agencia de Calidad de la Educación y ordenó la entrega del expediente de un sumario administrativo por acoso laboral. La decisión se fundó en el principio de divisibilidad, que permite resguardar ciertos datos, y en el control social de la función pública, que permite conocer los fundamentos de las conclusiones disciplinarias. El tribunal desestimó la causal de reserva por distracción indebida de funcionarios, al no haberse acreditado sus presupuestos. Antes de la entrega, el órgano deberá tarjar la identidad de denunciantes, particulares y funcionarios testigos, correos, mensajes y relatos de llamadas no acompañados por la recurrente, y otros datos personales de contexto. Se advierte sanción por incumplimiento de la orden, con multas y suspensión del cargo, y se exige acreditar la entrega dentro de plazo.