Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
Administrativo

La Contraloría General de la República dictaminó que el Servicio de Salud Metropolitano…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2022

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, junto a la Subsecretaría de Redes Asistenciales en su ámbito, debe ajustar los montos que la Universidad Pedro de Valdivia debía pagar en virtud de un convenio asistencial docente. El convenio, aprobado en 2015 y modificado por una adenda en 2020, contemplaba la puesta a disposición de 128 cupos en el Hospital de Talagante, con un pago anual de 6.446 UF, y cuatro cupos en el Centro de Referencia de Salud Dr. S.A.G., con un pago anual de 200 UF. Debido a las medidas adoptadas por la pandemia para limitar el uso de campos clínicos, la universidad no pudo utilizar todos los cupos, sin que la retribución se ajustara a ese uso, lo que generaba un desequilibrio económico y un enriquecimiento sin causa del Estado. Por ello, el organismo ordenó recalcular los montos considerando solo los cupos efectivamente habilitados por la pandemia.

Normas citadas

  • DFL 1/2005 salud art/23 lt/h
  • DTO 140/2004 salud art/8 num/III lt/d
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Debe un servicio de salud seguir pagando por cupos de campos clínicos que una universidad no pudo usar por las restricciones de la pandemia?

En este caso, la Contraloría dictaminó que el Servicio de Salud Metropolitano Occidente debe recalcular los montos del convenio asistencial docente considerando solo los cupos efectivamente habilitados durante la pandemia, pues mantener el pago completo generaba un desequilibrio económico y un enriquecimiento sin causa del Estado.

¿Cómo se ajustan las retribuciones de un convenio asistencial docente cuando cambian las condiciones de uso de los campos clínicos?

En este caso, el organismo ordenó ajustar los montos que la universidad debía pagar, de modo que la retribución correspondiera al uso real de los cupos habilitados por las medidas sanitarias, y no a la totalidad de los cupos pactados en el convenio y su adenda.

¿Qué efecto tiene una adenda a un convenio docente-asistencial en las obligaciones de pago entre universidad y servicio de salud?

En este caso, la Contraloría consideró que el convenio aprobado en 2015 y modificado por una adenda en 2020 seguía vigente para fijar los cupos y pagos anuales, pero que su aplicación debía ajustarse a la imposibilidad de usar todos los cupos por la pandemia.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2022 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta del Servicio de S…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2023

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre la conducta del Ministerio de…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2025

  • La Contraloría General de la República acogió la reclamación de una funcionaria del Hos…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una funcionar…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre el Hospital Clínico de la Uni…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.