El Tribunal Constitucional, en control preventivo de constitucionalidad, revisó el artí…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional, en control preventivo de constitucionalidad, revisó el artículo 2° de un proyecto de ley que modifica la Ley de Monumentos Nacionales para fortalecer la publicidad de las sesiones del Consejo de Monumentos Nacionales. La norma incorpora a los consejeros de dicho organismo como sujetos obligados a declarar públicamente sus intereses y patrimonio, materia propia de ley orgánica constitucional. El tribunal razonó que el principio de probidad vincula a todos los órganos del Estado, incluidos aquellos que ejercen función pública como el Consejo de Monumentos Nacionales, y que la disposición fue aprobada en ambas cámaras del Congreso con las mayorías exigidas por la Constitución. En consecuencia, declaró que el artículo 2° del proyecto de ley en examen es conforme con la Constitución Política de la República.
Normas citadas
artículo 8, inciso tercero
Tribunal ConstitucionalCPRPatrimonio Culturalconsejo nacionalTransparencia y PublicidadDeclaración de intereses y patrimonioLey Orgánica Constitucional de probidad en la función públicaProbidad
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que se exija a los consejeros de un organismo público declarar sus intereses y patrimonio?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró conforme a la Constitución una norma que incorpora a los consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales como sujetos obligados a declarar públicamente sus intereses y patrimonio, por estimar que el principio de probidad vincula a todos los órganos del Estado.
¿Qué mayoría se requiere en el Congreso para aprobar normas sobre probidad que afectan a órganos del Estado?
En este caso, el Tribunal Constitucional verificó que la disposición fue aprobada en ambas cámaras del Congreso con las mayorías exigidas por la Constitución, y por ello la declaró conforme a la Carta Fundamental.
¿El principio de probidad se aplica a todos los órganos del Estado, incluso a los que ejercen función pública?
En este caso, el Tribunal Constitucional razonó que el principio de probidad vincula a todos los órganos del Estado, incluidos aquellos que ejercen función pública como el Consejo de Monumentos Nacionales.
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