El Tribunal Constitucional realizó el control preventivo de constitucionalidad del proy…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional realizó el control preventivo de constitucionalidad del proyecto de ley que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. Se examinó si el artículo 16, que obliga a los auditores internos institucionales y a los equipos de auditoría interna a presentar una declaración pública de patrimonio e intereses, corresponde a materia de ley orgánica constitucional sobre probidad. El Tribunal lo declaró materia de ley orgánica constitucional y lo consideró conforme con la Constitución, acogiendo el requerimiento de control. Para ello se apoyó en su jurisprudencia previa, que estima que estas exigencias forman parte de los deberes de probidad en el ejercicio de la función pública, citando precedentes sobre consejeros de la Comisión para el Mercado Financiero, integrantes de comités directivos de servicios locales de educación y miembros del Consejo de Estándares y Acreditación.
Normas citadas
artículo 8, inciso tercero
Tribunal ConstitucionalCPRServicio MilitarDeclaración de intereses y patrimonioLey Orgánica Constitucional de probidad en la función públicaProbidad
Preguntas frecuentes
¿Es materia de ley orgánica constitucional exigir declaración pública de patrimonio e intereses a los auditores internos del Estado?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que la obligación de presentar declaración pública de patrimonio e intereses para auditores internos institucionales y equipos de auditoría interna sí es materia de ley orgánica constitucional sobre probidad. Lo fundó en su jurisprudencia, que considera estas exigencias parte de los deberes de probidad en la función pública.
¿Puede una ley exigir declaración de patrimonio e intereses a funcionarios de control interno del Gobierno sin vulnerar la Constitución?
En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que el artículo que impone esa declaración a los auditores internos es conforme con la Constitución, por lo que acogió el requerimiento de control preventivo. La decisión se sostuvo en precedentes previos sobre probidad en distintos órganos y servicios públicos.
¿Qué precedentes usa el Tribunal Constitucional para considerar que las declaraciones de patrimonio e intereses forman parte de la probidad?
En este caso, el Tribunal se apoyó en su jurisprudencia previa, citando precedentes sobre consejeros de la Comisión para el Mercado Financiero, integrantes de comités directivos de servicios locales de educación y miembros del Consejo de Estándares y Acreditación. Según esa línea, estas exigencias forman parte de los deberes de probidad en el ejercicio de la función pública.
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