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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa de la Dirección d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2024

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa de la Dirección de Vialidad a pagar los reajustes excepcionales pactados en un convenio ad-referéndum que incorporó, al contrato de obra pública, el mecanismo de reajustabilidad del artículo 14 transitorio del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. El organismo constató que el contrato fue liquidado y sus garantías devueltas antes de que el convenio quedara aprobado, pese a que se cumplían los requisitos para su celebración, debido a descoordinaciones internas de la Administración. Resolvió que la Dirección debe adoptar medidas para dar cumplimiento a lo pactado, atendidos los principios de buena fe y de enriquecimiento sin causa, y que la demora en la aprobación del convenio es responsabilidad de la Administración y no de la contratista. Se ordenó complementar la liquidación del contrato, informar a la Contraloría en 15 días y ajustar la actuación futura a los principios de la ley N° 18.575.

Normas citadas

  • DTO 75/2004 moopp art/14 tran
  • DTO 177/2022 moopp
  • ley 18575 art/3 inc/2
  • ley 18575 art/5 inc/2
  • ley 18575 art/8
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Debe la Administración pagar reajustes pactados en un convenio que no quedó aprobado a tiempo en un contrato de obra pública?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la Dirección de Vialidad debe adoptar medidas para cumplir lo pactado en el convenio, pues la demora en su aprobación fue responsabilidad de la Administración y no de la contratista. Lo fundó en los principios de buena fe y de enriquecimiento sin causa.

¿Qué pasa si la Administración liquida un contrato de obra pública y devuelve las garantías antes de aprobar un convenio que lo modifica?

En este caso, el organismo constató que el contrato fue liquidado y sus garantías devueltas antes de la aprobación del convenio, por descoordinaciones internas de la Administración. Ordenó complementar la liquidación del contrato e informar en 15 días las medidas adoptadas.

¿Qué principios debe seguir la Administración del Estado al resolver las obligaciones contractuales con contratistas según la ley 18.575?

En este caso, la Contraloría ordenó que la actuación futura de la Dirección de Vialidad se ajuste a los principios de la ley N° 18.575, junto con los de buena fe y de enriquecimiento sin causa que sustentaron su pronunciamiento. El resumen no detalla un análisis más amplio de esos principios.

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