La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el Centro de Formación Téc…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2025
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si el Centro de Formación Técnica de La Araucanía puede apartarse de la gradualidad fijada para la reducción de la jornada laboral dispuesta por la ley N° 21.561 respecto de su personal regido por el Código del Trabajo. El dictamen concluye que no: la ley modificatoria no contiene norma alguna que habilite a las entidades públicas a alterar el calendario transitorio, que rebaja la jornada semanal de cuarenta y cinco a cuarenta y cuatro horas al primer año, a cuarenta y dos al tercero y a cuarenta al quinto, contados desde su publicación. Para ello se considera que, respecto de servidores públicos, el Código del Trabajo y su legislación complementaria tienen carácter de estatuto jurídico de derecho público, y que los CFT, aunque gozan de autonomía para organizar su funcionamiento, deben sujetarse al principio de legalidad. En consecuencia, el organismo debe implementar la reducción de jornada conforme a la gradualidad legal.
Normas citadas
Ley 20910 art/1
ley 20910 art/12
DFL 5/2016 educa art/22
DFL 5/2016 educa art/29
CTR art/22
ley 21561 art/primero tran inc/2
POL art/6
POL art/7
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Los CFT pueden modificar por su cuenta la implementación de la reducción de jornada laboral si tienen autonomía?
No necesariamente. En este caso, la Contraloría sostuvo que, aunque los CFT gozan de autonomía para organizar su funcionamiento, deben sujetarse al principio de legalidad, de modo que su autonomía no les permite alterar la gradualidad fijada por la ley.
¿El Código del Trabajo se aplica a los servidores públicos con el carácter de derecho público para efectos de la reducción de jornada?
En este caso, la Contraloría consideró que, respecto de servidores públicos, el Código del Trabajo y su legislación complementaria tienen carácter de estatuto jurídico de derecho público, lo que llevó a exigir la aplicación de la gradualidad legal.
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