La Contraloría General de la República no tomó razón de la resolución N° 293, de 2012,…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República no tomó razón de la resolución N° 293, de 2012, de la Intendencia de la Región Metropolitana de Santiago, que otorgaba el auxilio de la fuerza pública a Carabineros de Chile para detener a personas condenadas a cumplir días de prisión por el no pago de multas, a razón de un día por cada décimo de unidad tributaria mensual, con un máximo de 60 días. El organismo concluyó que el acto no se ajustaba a derecho porque ordenaba indistintamente la privación de libertad de los representantes legales de la empresa infractora sin precisar cómo la ejecución de la medida sobre uno afectaría al otro, lo que podía generar una duplicidad o superposición de sanciones. Por ello, representó la resolución.
Normas citadas
Resolución N° 293, de 2012
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Intendencia ordenar el auxilio de la fuerza pública para detener a los representantes legales de una empresa que no pagó una multa?
En este caso, la Contraloría General de la República no tomó razón de la resolución de la Intendencia de la Región Metropolitana que ordenaba detener a los representantes legales de la empresa infractora. Concluyó que el acto no se ajustaba a derecho porque no precisaba cómo la medida sobre uno afectaría al otro, lo que podía generar una duplicidad de sanciones.
¿Qué problema puede generar ordenar indistintamente la privación de libertad de los representantes legales de una empresa por el no pago de multas?
Según este dictamen, el problema es que la orden no indicaba cómo la ejecución de la medida sobre uno de los representantes afectaría al otro, pudiendo generar una duplicidad o superposición de sanciones. Por eso la Contraloría representó la resolución.
¿Cuándo la Contraloría representa una resolución de la Intendencia que otorga auxilio de la fuerza pública para cumplir arrestos por multas?
En este caso, la Contraloría representó la resolución porque el acto no se ajustaba a derecho al ordenar la privación de libertad de los representantes legales sin precisar sus efectos conjuntos. La resolución se refería a días de prisión por el no pago de multas, calculados a razón de un día por cada décimo de unidad tributaria mensual.
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