Resumen del criterio jurisprudencial
Gastón Gaete Montiel interpuso un reclamo de ilegalidad contra el Ministerio Público por negar información sobre los números RUC de investigaciones por fallecimientos en cárceles. El Ministerio Público derivó la solicitud a la Subsecretaría de Prevención del Delito sin pronunciarse de fondo. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo, ordenando al Ministerio Público pronunciarse directamente sobre la solicitud dentro de 30 días. La Corte consideró que el Ministerio Público era competente y debía detentar la información, por lo que la derivación fue ilegal. Se rechazaron los argumentos del MP sobre falta de sistematización y protección de datos como justificación para no pronunciarse. La sentencia refuerza el principio de transparencia y publicidad consagrado en la Constitución y la Ley de Acceso a la Información Pública.