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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad presentado por un p…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad presentado por un particular en contra del Ministerio Público, por la negativa a entregar información sobre investigaciones por muertes en cárceles. El solicitante pidió los números de RUC de investigaciones iniciadas por fallecimientos en recintos penitenciarios entre 2023 y 2025, pero el Ministerio Público derivó la solicitud a la Subsecretaría de Prevención del Delito. La Corte consideró que esta derivación vulneró los principios de transparencia y publicidad, ya que el Ministerio Público es el órgano competente y poseedor de la información. Se ordenó al Ministerio Público pronunciarse sobre la solicitud en un plazo de 30 días.

Normas citadas

  • Artículo 8° Constitución Política de la República
  • Artículo 9 Ley N° 20.285
  • Artículo 10 Ley N° 20.285
  • Artículo 13 Ley N° 20.285
  • Artículo 28 Ley N° 20.285
  • Artículo 30 Ley N° 20.285
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Preguntas frecuentes

¿Puede un órgano público derivar una solicitud de acceso a la información a otro organismo si él mismo es el competente para responderla?

No. En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que el Ministerio Público no podía derivar la solicitud a la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque era el órgano competente y poseedor de la información, lo que vulneró los principios de transparencia y publicidad.

¿Qué plazo tiene un órgano público para pronunciarse sobre una solicitud de información acogida por la Corte?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad y ordenó al Ministerio Público pronunciarse sobre la solicitud de información en un plazo de 30 días.

¿Procede reclamar de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones si un organismo niega información sobre investigaciones por muertes en cárceles?

Sí, según este fallo. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el reclamo de ilegalidad presentado por un particular contra el Ministerio Público, que se había negado a entregar información sobre investigaciones por fallecimientos en recintos penitenciarios.

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