Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución de la Dirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que aprobó un sumario administrativo y aplicó la medida disciplinaria de destitución a una funcionaria. La recurrente alegó que la autoridad no comprobó los hechos investigados, especialmente los supuestos beneficios obtenidos por un operador de suelos, que la sanción se basó sólo en el primer cargo y que la resolución que rechazó su reposición carecía de motivación. El organismo contralor sostuvo que la calificación de los hechos y la determinación de la responsabilidad administrativa corresponden, en primer término, a la Administración activa conforme a los artículos 140 y 141 de la ley N° 18.834, y que sólo puede objetarla ante infracciones al debido proceso, a la normativa aplicable o decisiones arbitrarias, lo que no observó. Además, constató que la sanción consideró ambos cargos y que el recurso de reposición fue analizado pormenorizadamente, por lo que desestimó todas las alegaciones y cursó la resolución por encontrarse ajustada a derecho.