La Corte de Apelaciones de Chillán acogió un recurso de protección presentado por una c…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Chillán acogió un recurso de protección presentado por una clienta contra el Banco del Estado de Chile, por el bloqueo prolongado de sus cuentas y de su acceso a las plataformas digitales. El tribunal consideró ilegal y arbitrario el actuar de la entidad bancaria, que mantuvo la suspensión sin investigar los hechos denunciados por fraude ni comunicar de forma clara los fundamentos del cierre. Se ponderó especialmente que el Segundo Juzgado de Policía Local de Chillán ya había determinado, en una resolución confirmada por la misma Corte, que el banco suspendió arbitrariamente las operaciones de la actora respecto de su Cuenta RUT, acreditándose el daño moral sufrido. En consecuencia, la Corte ordenó desbloquear las cuentas, restablecer el acceso a las plataformas digitales y restituir los dineros existentes en ellas, todo bajo apercibimiento legal y sin costas.
Normas citadas
Ley 21.234
Código Civil
Artículo 1545 del Código Civil
recurso de protecciónbloqueo de cuentas bancariasacto arbitrario e ilegalderecho de propiedaddebido procesofraude bancariodeber de resguardo bancarioLey de Protección al Consumidor
Preguntas frecuentes
¿Es arbitrario que un banco bloquee las cuentas de un cliente sin investigar ni explicar los motivos?
En este caso, la Corte de Apelaciones estimó ilegal y arbitrario el actuar del banco, que mantuvo la suspensión sin investigar los hechos denunciados por fraude ni comunicar claramente los fundamentos del cierre.
¿Qué puede ordenar la justicia cuando un banco bloquea las cuentas y el acceso digital de un cliente?
En este caso, la Corte ordenó desbloquear las cuentas, restablecer el acceso a las plataformas digitales y restituir los dineros existentes en ellas, bajo apercibimiento legal y sin costas.
¿Sirve una resolución previa de un juzgado de policía local para acreditar el daño moral por el bloqueo arbitrario de una cuenta?
En este caso, la Corte ponderó que el juzgado de policía local ya había determinado que el banco suspendió arbitrariamente las operaciones de la actora, acreditándose el daño moral sufrido.
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