El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inconstitucionalidad deducido po…
Sentencia · Corte Suprema · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inconstitucionalidad deducido por una particular respecto de los artículos 1° y 12 del Acta N° de la Corte Suprema, que modificó el Auto Acordado sobre el procedimiento aplicable al Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de niños. Las normas impugnadas fijan la competencia del juzgado de familia del domicilio presunto del niño para conocer las solicitudes de restitución y regulan los recursos procedentes contra las sentencias definitivas. El Tribunal rechazó el requerimiento, estimando que los preceptos no vulneran la Constitución y que se ajustan a los compromisos internacionales asumidos por Chile, incluido el Convenio de La Haya de 1980 y la Convención Americana de Derechos Humanos. La ministra M.P.S.G. emitió voto disidente. La sentencia enfatiza la celeridad que exige el procedimiento, pues el Estado se obligó a resolver en seis semanas desde el inicio, conforme al artículo 11 del Convenio.
Normas citadas
Artículo 1° del Acta N° 205-2015 de la Corte Suprema
Artículo 12 del Acta N° 205-2015 de la Corte Suprema
Artículo 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969
Constitución Política de la República de Chile
sustracción internacional de menoresConvenio de la Hayacompetencia jurisdiccionalJuzgado de Familiarecursos procesalesinconstitucionalidadderechos del niñoprocedimiento de restitución
Preguntas frecuentes
¿Qué juzgado es competente para conocer una solicitud de restitución internacional de un niño en Chile según el Auto Acordado sobre el Convenio de La Haya?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que los artículos impugnados fijan como competente al juzgado de familia del domicilio presunto del niño. Concluyó que esta regla no vulnera la Constitución.
¿Cuál es el plazo que exige el Convenio de La Haya de 1980 para resolver una solicitud de restitución internacional de un niño, y por qué es relevante?
En este caso, la sentencia enfatiza que el Estado se obligó a resolver en seis semanas desde el inicio del procedimiento, conforme al artículo 11 del Convenio. Por ello, el Tribunal destacó la celeridad que exige este tipo de procedimiento.
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