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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, estableciendo como ratio decidendi que la existencia de una gestión pendiente es un presupuesto procesal indispensable para la admisibilidad de dicha acción, conforme al artículo 84 N° 3 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y el artículo 93 N° 6 de la Constitución. Al haberse comunicado la decisión de no perseverar en el procedimiento penal que originó el requerimiento, la causa criminal terminó, desapareciendo la gestión pendiente y haciendo inviable el pronunciamiento sobre la inaplicabilidad solicitada. El tribunal señaló que el objeto del proceso constitucional desapareció al no existir peligro de vulneración de derechos fundamentales. Como obiter dicta, indicó que la suspensión del procedimiento penal busca garantizar la eficacia del proceso constitucional sin afectar la presunción de inocencia, y que el legislador puede establecer el marco de penas sin afectar el justo y racional procedimiento. Se resolvió no condenar en costas a la parte requirente por tener motivo plausible para litigar.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 17 B, de Ley N° 17.365
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 3, inciso sexto
  • Constitución Política, artículo 19, inciso séptimo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso octavo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso primero, numeral 1, inciso cuarto
Tribunal ConstitucionalCAAConstitucionalidad De Auto Acordados

Preguntas frecuentes

¿Procede un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad si ya no existe gestión pendiente?

No. En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la gestión pendiente es un presupuesto procesal indispensable para admitir la acción. Al terminar la causa penal por no perseverar el ente persecutor, la gestión desapareció y el tribunal no pudo pronunciarse sobre la inaplicabilidad.

¿Qué ocurre con la inaplicabilidad si el procedimiento penal que la originó termina antes de la resolución del Tribunal Constitucional?

En este caso, al comunicarse la decisión de no perseverar, la causa criminal terminó y con ello el objeto del proceso constitucional, pues no existía peligro de vulneración de derechos fundamentales. Por eso el tribunal acogió parcialmente el requerimiento sin pronunciarse sobre la inaplicabilidad solicitada.

¿Puede el Tribunal Constitucional condenar en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad?

En este caso, el tribunal resolvió no condenar en costas a la parte requirente, por considerar que tuvo motivo plausible para litigar. El resumen no detalla los fundamentos adicionales de esa decisión.

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