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El Tercer Tribunal Ambiental conoció una solicitud de la Superintendencia del Medio Amb…

Resolución · Tribunal Ambiental · 2015

Resumen

El Tercer Tribunal Ambiental conoció una solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente para renovar una medida provisional de detención de funcionamiento de una P.T.R.P.I., titularidad de Ingemedical Ltda. El Tribunal estimó que no se trataba de una renovación sino de una nueva medida, porque fue solicitada fuera del plazo del artículo 32 de la Ley 19.880, aplicable según el artículo 48 de la LOSMA. Además, la Superintendencia no acompañó los antecedentes que mencionaba y los documentos aportados (acta de fiscalización y formulación de cargos) no acreditaban fehacientemente un daño inminente a la salud de las personas, requisito esencial del artículo 48 inciso primero de la LOSMA. Por ello, el Tribunal rechazó autorizar la medida provisional de detención.

Normas citadas

  • Ley 19.300
  • Artículo 11 de la Ley 19.300

Preguntas frecuentes

¿Puede la Superintendencia del Medio Ambiente renovar una medida provisional de detención de funcionamiento si la solicita fuera de plazo?

En este caso, el Tribunal Ambiental estimó que la solicitud no era una renovación sino una nueva medida, porque fue presentada fuera del plazo del artículo 32 de la Ley 19.880, aplicable según el artículo 48 de la LOSMA. Por ello, se analizó como nueva medida.

¿Qué se requiere para que el Tribunal Ambiental autorice una medida provisional de detención de funcionamiento de una planta de tratamiento?

En este caso, el Tribunal exigió que se acredite fehacientemente un daño inminente a la salud de las personas, requisito esencial del artículo 48 inciso primero de la LOSMA. Los antecedentes presentados no lo acreditaron y la solicitud fue rechazada.

¿Basta con un acta de fiscalización y la formulación de cargos para justificar una medida provisional de detención de funcionamiento?

En este caso, el Tribunal estimó que el acta de fiscalización y la formulación de cargos no acreditaban fehacientemente un daño inminente a la salud de las personas. Además, la Superintendencia no acompañó los antecedentes que mencionaba en su solicitud.

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