La Fiscalía Nacional Económica resolvió aprobar la operación de concentración consisten…
Resolución · Fiscalía Nacional Económica · 2017
Resumen
La Fiscalía Nacional Económica resolvió aprobar la operación de concentración consistente en la oferta pública de adquisición de acciones de Abertis Infraestructuras S.A. por parte de Atlantia SpA, condicionada al cumplimiento de las medidas de mitigación ofrecidas por las partes. El análisis constató que en el sector de concesiones de obras públicas el precio y el estándar de la infraestructura y del servicio están expresamente regulados, que las concesionarias ya cobran la tarifa máxima permitida y que no existía superposición entre las partes en la participación en licitaciones. Se identificaron como riesgos potenciales la situación de los centros de distribución de TAG y otros servicios al consumidor, así como disimilitudes en la información sobre precios; sin embargo, la Fiscalía estimó que las medidas ofrecidas remedian dichos riesgos, por lo que la operación no resulta apta para reducir sustancialmente la competencia.
Normas citadas
Decreto Ley N° 211
Preguntas frecuentes
¿Puede la Fiscalía Nacional Económica aprobar una oferta pública de adquisición de acciones que concentra empresas de concesiones de infraestructura?
En este caso, la Fiscalía Nacional Económica aprobó la operación, condicionada al cumplimiento de medidas de mitigación ofrecidas por las partes, porque estimó que no era apta para reducir sustancialmente la competencia.
¿Por qué una concentración en el sector de concesiones de obras públicas no reduce sustancialmente la competencia si el precio ya está regulado?
En este caso, la Fiscalía constató que el precio y el estándar de la infraestructura y del servicio están expresamente regulados, que las concesionarias ya cobran la tarifa máxima permitida y que no había superposición entre las partes en licitaciones.
¿Qué riesgos para la competencia puede generar una operación de concentración de este tipo y cómo se remedian?
En este caso, se identificaron riesgos en los centros de distribución de TAG y otros servicios al consumidor, así como disimilitudes en la información sobre precios, los que la Fiscalía estimó remediados con las medidas ofrecidas por las partes.
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