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Libre competencia

La Fiscalía Nacional Económica analizó la operación por la cual Atlantia S.p.A. adquier…

Informe · Fiscalía Nacional Económica · 2017

Resumen

La Fiscalía Nacional Económica analizó la operación por la cual Atlantia S.p.A. adquiere el control de Abertis Infraestructuras S.A. mediante una oferta pública de adquisición, con foco en su impacto en concesiones viales chilenas. La empresa sostuvo que la operación no generaba un daño a los consumidores ni a la competencia, dado que el sector de obras públicas en concesión está regulado y fiscalizado por el Estado, sin reconocer infracción alguna. Para obtener una autorización más rápida, ofreció medidas de mitigación: que, si lo solicita el Ministerio de Obras Públicas, la concesionaria Costanera Norte homologue su sistema de información de tarifas de peajes con el de Autopista Central, informando la tarifa efectivamente cobrada en cada pórtico, su monto y horario, a costo exclusivo de las concesionarias, y que las demás autopistas urbanas bajo su influencia no reduzcan los estándares de información tarifaria. El informe recomienda aprobar la operación con estas medidas de mitigación.

Normas citadas

  • Decreto Ley N° 211
  • Ley N° 20.908

Preguntas frecuentes

¿Puede la Fiscalía Nacional Económica aprobar una operación de concentración condicionada a medidas de mitigación en concesiones viales?

En este caso, la Fiscalía Nacional Económica recomendó aprobar la adquisición de control de Abertis por parte de Atlantia, pero condicionada a medidas de mitigación ofrecidas por las partes. Estas medidas buscan informar mejor las tarifas de peajes en autopistas urbanas chilenas.

¿Qué medidas de mitigación pueden exigirse en una operación de concentración que afecta concesiones de autopistas urbanas?

En este caso, las partes ofrecieron que, si el Ministerio de Obras Públicas lo solicita, Costanera Norte homologue su sistema de información tarifaria con el de Autopista Central, informando la tarifa cobrada en cada pórtico, su monto y horario. También se comprometieron a no reducir los estándares de información tarifaria en las demás autopistas urbanas bajo su influencia.

¿Puede una empresa alegar que no hay riesgo para la competencia porque el sector está regulado por el Estado en una operación de concentración?

En este caso, la empresa sostuvo que la operación no generaba daño a consumidores ni a la competencia, porque el sector de obras públicas en concesión está regulado y fiscalizado por el Estado. La Fiscalía no reconoció infracción alguna, y su recomendación se centró en aprobar la operación con medidas de mitigación.

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