Resumen del criterio jurisprudencial
Se interpuso acción de amparo constitucional en contra del Servicio Nacional de Migraciones por rechazar la solicitud de residencia temporal del amparado y ordenar su abandono del país en 30 días, basado en la falta de legalización notarial de ambas firmas en el contrato de trabajo. Los recurrentes alegaron que el retraso se debió a fuerza mayor y que el amparado cuenta con arraigo laboral. La autoridad informó que se otorgaron plazos para subsanar y que la resolución se ajusta a derecho. La Corte consideró que el amparado acreditó una relación laboral vigente desde agosto de 2022 y un arraigo permanente en Chile. Estimó que la consecuencia de la omisión documental era desproporcionada e ilegal, amenazando la libertad personal. Por ello, acogió el recurso, dejó sin efecto la resolución y ordenó reabrir el procedimiento otorgando un plazo de 60 días para acompañar la documentación requerida.