La Corte de Apelaciones de Valparaíso conoció un recurso de amparo constitucional (art.…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Valparaíso conoció un recurso de amparo constitucional (art. 21 de la Constitución) interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones, que había rechazado una solicitud de residencia definitiva por falta de certificado de antecedentes del país de origen y había ordenado el abandono del país. La Corte acogió el recurso, por considerar que la orden de abandono, vinculada al rechazo de la residencia y que habilitaba una eventual expulsión sin considerar el arraigo laboral y previsional acreditado desde 2019, resultaba ilegal y amenazaba la libertad personal del amparado. Invocó el principio pro homine del artículo 12 de la Ley 21.325. En consecuencia, dejó sin efecto la resolución de abandono y ordenó reabrir el procedimiento administrativo, otorgando un plazo de sesenta días hábiles para acompañar el certificado de antecedentes penales debidamente legalizado, tras lo cual la autoridad deberá resolver la solicitud. No se impusieron costas.
¿Puede el Servicio Nacional de Migraciones ordenar el abandono del país por rechazar una residencia definitiva por falta de certificado de antecedentes?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un amparo constitucional y dejó sin efecto la orden de abandono, por considerarla ilegal y amenazante de la libertad personal, al no considerar el arraigo laboral y previsional acreditado.
¿Qué efecto tiene el principio pro homine en un procedimiento migratorio de residencia?
La Corte invocó el principio pro homine del artículo 12 de la Ley 21.325 para acoger el recurso y ordenar reabrir el procedimiento administrativo, en lugar de mantener la orden de abandono.
¿Qué plazo tiene una persona extranjera para acompañar el certificado de antecedentes tras un amparo migratorio?
En este caso, la Corte otorgó un plazo de sesenta días hábiles para acompañar el certificado de antecedentes penales debidamente legalizado, tras lo cual la autoridad debe resolver la solicitud de residencia.
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