El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye la aplicación de penas sustitutivas a ciertos delitos. Los fundamentos del fallo sostienen que el derecho a punir del Estado no es absoluto, que la privación de libertad debe ser excepcional y que la norma resulta desproporcionada e inequitativa frente a los artículos 19 N° 2 y N° 3, inciso sexto, de la Constitución. El tribunal acogió el requerimiento. La parte final del texto, sin embargo, recoge el voto particular que concurre a acoger el requerimiento y se refiere a la brecha digital y a la vulneración del debido proceso en juicios penales orales realizados por vía remota. Ese voto se redactó en el mismo sentido de acogida, pero la sentencia, según el resumen interno, se apoya en la desproporción de la norma legal impugnada.
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Preguntas frecuentes
¿El Tribunal Constitucional puede declarar inaplicable la exclusión de penas sustitutivas de la Ley 18.216 por ser desproporcionada?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1° inciso segundo de la Ley 18.216, sosteniendo que el derecho a punir del Estado no es absoluto, que la privación de libertad debe ser excepcional y que la norma resulta desproporcionada e inequitativa.
¿Es constitucional excluir de penas sustitutivas a ciertos delitos sin considerar las circunstancias del caso concreto?
En este caso, el tribunal sostuvo que la exclusión legal de penas sustitutivas resulta desproporcionada frente a los artículos 19 N° 2 y N° 3 inciso sexto de la Constitución, por lo que acogió el requerimiento.
¿Qué fundamentos usa el Tribunal Constitucional para declarar inaplicable una norma penal que impide sustituir la pena privativa de libertad?
En este caso, la sentencia se apoya en que la privación de libertad debe ser excepcional y en la desproporción e inequidad de la norma legal impugnada, con base en los artículos 19 N° 2 y N° 3 de la Constitución.
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