El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito, incorporado por la Ley N° 20.770, que suspende la aplicación de penas sustitutivas por un año. El Tribunal acogió el requerimiento. Estimó que la norma es desproporcionada e inequitativa, pues no es idónea para cumplir los fines de reinserción social y protección de la víctima, que pueden alcanzarse con restricciones a la licencia de conducir, y que la pena debe adecuarse a la gravedad del delito. También concluyó que la suspensión de una medida sustitutiva previamente obtenida carece de justificación razonable, vulnerando la igualdad ante la ley y un procedimiento racional y justo. Asimismo, consideró que obligar al cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad afecta la libertad personal y la resocialización.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional suspender por un año la aplicación de penas sustitutivas a quien ya las obtuvo en un delito de tránsito?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad y estimó que la norma es desproporcionada e inequitativa, porque suspender una medida sustitutiva ya obtenida carece de justificación razonable y vulnera la igualdad ante la ley y un procedimiento racional y justo.
¿Puede una norma que impone el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad vulnerar la libertad personal y la resocialización?
En este caso, el Tribunal sostuvo que obligar al cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad afecta la libertad personal y la resocialización, por lo que concluyó que la aplicación del precepto resultaba inconstitucional en el caso concreto.
¿Qué criterio aplica el Tribunal Constitucional para evaluar si una pena por delito de tránsito es proporcionada?
En este caso, el Tribunal consideró que la pena debe adecuarse a la gravedad del delito y que la norma no era idónea para cumplir los fines de reinserción social y protección de la víctima, que podían alcanzarse con restricciones a la licencia de conducir.
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