La Corte de Apelaciones de La Serena conoció un recurso de amparo económico interpuesto…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de La Serena conoció un recurso de amparo económico interpuesto por una arrendataria de una unidad de un condominio, que buscaba instalar un almacén comercial en la propiedad que ocupa. Alegaba contar con la autorización del dueño, el respaldo de más de la mitad de los copropietarios y una inversión superior a dos millones de pesos. El condominio negó la solicitud en asamblea, fundándose en el Reglamento de Copropiedad, que prohíbe usos comerciales, y en la Ley 21.442. La Corte rechazó el amparo, sin costas, por estimar que la negativa tiene sustento normativo, fue adoptada por el órgano competente y está suficientemente fundada, configurándose más bien un conflicto civil entre la arrendataria y su arrendador respecto de los fines habitacionales y comerciales pactados.
Normas citadas
Ley 18.971
Ley 21.442
Ley 19.749 de microempresas familiares
Reglamento de Copropiedad del Condominio Brisas de la Florida II, artículo 13 letra P
DDU 126 del 09.06.2003
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Preguntas frecuentes
¿Puede un arrendatario de una unidad de condominio instalar un negocio comercial si el reglamento de copropiedad lo prohíbe?
En este caso, la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el amparo y sostuvo que la negativa de la asamblea tiene sustento en el Reglamento de Copropiedad, que prohíbe usos comerciales, por lo que no procedía autorizar el almacén.
¿Es el recurso de amparo económico la vía adecuada para resolver un conflicto sobre el uso comercial de una unidad en un condominio?
La Corte concluyó que lo planteado configura más bien un conflicto civil entre la arrendataria y su arrendador respecto de los fines habitacionales y comerciales pactados, y no una vulneración a la libertad económica que corresponda proteger por amparo.
¿Basta con tener autorización del dueño y el apoyo de la mayoría de los copropietarios para instalar un negocio en un condominio?
En este caso, la Corte estimó que no, pues la negativa fue adoptada por el órgano competente, está suficientemente fundada y se ajusta al reglamento, aun cuando la arrendataria alegaba la autorización del dueño y el respaldo de más de la mitad de los copropietarios.
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