Resumen
La Contraloría General de la República rechazó un reclamo presentado por un funcionario contratado en la Policía de Investigaciones de Chile, cuyo contrato terminó al vencer el plazo de su designación. El órgano concluyó que, para que se genere la confianza legítima prevista en el dictamen N° 85.700, de 2016, debe existir una vinculación laboral que haya alcanzado al menos dos renovaciones anuales, lo que no ocurría en el caso. Por ello, no advirtió ilegalidad en el término, conforme al artículo 26 del DFL N° 1, de 1980, Estatuto del Personal de la PDI. Además, el dictamen precisó que el Director General puede contratar personal para cargos no permanentes, pero no designar funcionarios asimilados a oficiales de justicia ni dar a personal a contrata el grado de Subcomisario, y ordenó regularizar esas situaciones dentro de 30 días hábiles.