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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dirigido contra el artículo 206 del Código Civil, que fija un plazo de tres años para la acción de reclamación de filiación contra los herederos del progenitor fallecido. La requirente, en una gestión judicial pendiente sobre filiación no matrimonial, alegó afectación de la igualdad ante la ley y del derecho a la identidad. La decisión fue de mayoría. La disidencia del Ministro Mera sostuvo que la norma no era aplicable a la requirente, por no encontrarse en sus supuestos de hecho, de modo que no podía afectarle derecho alguno. La prevención de la Ministra Peredo concurrió al acogimiento únicamente por los efectos contrarios a la igualdad ante la ley que generaría la aplicación del precepto en el caso concreto.

Normas citadas

  • Código civil
  • Artículo 206 del código civil
  • Artículo 195 del Código Civil
  • Artículo 205 del Código Civil
  • Ley N° 17.997
  • Artículo 320 del Código Civil
  • Artículo 184 del Código Civil
  • Artículo 317 del Código Civil
reclamación de filiaciónhijo póstumoprescripciónplazo de tres añosartículo 206 Código Civilartículo 195 Código Civilderecho a la identidad personalverdad biológica

Preguntas frecuentes

¿Cuándo puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable un precepto del Código Civil en una gestión judicial concreta?

En este caso, el Tribunal acogió el requerimiento contra el artículo 206, aunque la decisión fue de mayoría y hubo votos disidentes y una prevención. El Ministro Mera sostuvo que la norma no se aplicaba a los supuestos de hecho de la requirente, por lo que no podía afectarle derecho alguno.

¿Qué efectos tiene la inaplicabilidad por inconstitucionalidad en un juicio de filiación con plazos de prescripción para reclamar?

En este caso, la Ministra Peredo concurrió al acogimiento solo por los efectos contrarios a la igualdad ante la ley que produciría aplicar el precepto al caso concreto. La sentencia se limita a la gestión judicial pendiente en la que se planteó el requerimiento.

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