La Fiscalía Nacional Económica conoció una denuncia que cuestionaba licitaciones del Se…
Resolución · Fiscalía Nacional Económica · 2014
Resumen
La Fiscalía Nacional Económica conoció una denuncia que cuestionaba licitaciones del Servicio de Salud de Coquimbo para adquirir medicamentos destinados al tratamiento de la enfermedad de Fabry, un trastorno hereditario poco común y de alto costo, en que solo dos laboratorios ofrecen fármacos. La Fiscalía declaró que las irregularidades alegadas sobre el proceso de licitación corresponden al Tribunal de Contratación Pública, y no a su competencia. Respecto del criterio de evaluación que asignaba puntaje a la oferta de medicamentos adicionales, señaló que la determinación de su legalidad sanitaria compete al Instituto de Salud Pública. Además, estimó que dicho criterio no constituía una barrera a la entrada, pues ambas empresas lo conocían antes de presentar sus ofertas. En consecuencia, ordenó archivar los antecedentes y comunicarlos al Instituto de Salud Pública, advirtiendo que el criterio podría generar un uso ineficiente de los recursos del licitador.
Normas citadas
Código Sanitario
Ley N° 19.886
Decreto Ley N° 211
Preguntas frecuentes
¿Puede la Fiscalía Nacional Económica revisar irregularidades en una licitación pública de medicamentos?
En este caso, la Fiscalía Nacional Económica declaró que las irregularidades alegadas sobre el proceso de licitación corresponden al Tribunal de Contratación Pública, por lo que no es de su competencia pronunciarse sobre ellas.
¿Quién decide si un criterio de evaluación de una licitación de medicamentos cumple con la legalidad sanitaria?
En este caso, la Fiscalía Nacional Económica señaló que la determinación de la legalidad sanitaria del criterio que asignaba puntaje a medicamentos adicionales compete al Instituto de Salud Pública.
¿Un criterio de evaluación conocido por los oferentes antes de presentar sus ofertas constituye una barrera a la entrada?
En este caso, la Fiscalía Nacional Económica estimó que el criterio no constituía una barrera a la entrada, pues ambas empresas lo conocían antes de presentar sus ofertas, y ordenó archivar los antecedentes, comunicándolos al Instituto de Salud Pública por el posible uso ineficiente de recursos.
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