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El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación presentada por u…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2015

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación presentada por una empresa distribuidora de productos farmacéuticos en contra de un servicio de salud, a raíz de una licitación pública de fármacos. La demandante cuestionó el acta de evaluación y la resolución que declaró inadmisible el proceso licitatorio y dispuso un nuevo llamado a licitación, por estimar que se dictaron con infracción a las bases y a la Ley N°19.886. El tribunal acogió parcialmente la demanda y declaró ilegales y arbitrarios dichos actos, dejándolos sin efecto, al constatar que se dictaron con inobservancia de las normas de las bases y de los artículos 6, 9 y 10 de la Ley N°19.886. Sin embargo, no dispuso medidas adicionales para restablecer el imperio del derecho, porque la entidad demandada ya había dejado sin efecto la resolución impugnada, retrotraído la licitación a la etapa de evaluación de ofertas y dejado sin efecto el nuevo llamado a licitación. Cada parte pagó sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Qué puede hacer una empresa si el acta de evaluación de una licitación pública se dicta con infracción a las bases?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió parcialmente la demanda y declaró ilegal y arbitraria el acta de evaluación, dejándola sin efecto, al constatar que se dictó con inobservancia de las normas de las bases y de los artículos 6, 9 y 10 de la Ley N°19.886.

¿Procede la impugnación de la resolución que declara inadmisible una licitación y dispone un nuevo llamado?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública declaró ilegal y arbitraria dicha resolución, dejándola sin efecto, por haberse dictado con infracción a las bases y a la Ley N°19.886.

Si el organismo ya dejó sin efecto la resolución impugnada y retrotrajo el proceso, ¿el tribunal dispone medidas adicionales?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública no dispuso medidas adicionales para restablecer el imperio del derecho, porque la entidad demandada ya había dejado sin efecto la resolución, retrotraído la licitación a la etapa de evaluación de ofertas y dejado sin efecto el nuevo llamado.

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