Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
AdministrativoAcoge

El Tribunal de Contratación Pública conoció la impugnación de una sociedad consultora c…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026

Resumen

El Tribunal de Contratación Pública conoció la impugnación de una sociedad consultora contra el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), que declaró inadmisible su oferta en una licitación pública por aplicación de la inhabilidad del artículo 35 quáter de la Ley N°19.886, debido al vínculo matrimonial entre un socio de la empresa y una funcionaria del organismo. La empresa sostuvo que la funcionaria pertenecía a la Dirección Nacional y no a la Dirección Regional que intervino en la contratación, por lo que resultaba aplicable la excepción del inciso segundo de la norma. El tribunal acogió la acción, declaró ilegal y arbitrario el acto de inadmisibilidad y los actos posteriores que lo ratificaron, reconoció el derecho de la empresa a demandar las indemnizaciones que estime pertinentes y a perseguir la responsabilidad administrativa de los funcionarios, y dispuso que cada parte pague sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Procede declarar inadmisible una oferta en una licitación pública por el vínculo matrimonial de un socio con un funcionario del organismo licitante?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la impugnación y declaró ilegal y arbitraria la inadmisibilidad, porque la funcionaria pertenecía a una dirección distinta de la que intervino en la contratación, lo que activaba la excepción del inciso segundo del artículo 35 quáter de la Ley 19.886.

¿Qué pasa si un organismo público aplica la inhabilidad del artículo 35 quáter de la Ley 19.886 a un oferente sin considerar la excepción del inciso segundo?

En este caso, el Tribunal sostuvo que el acto de inadmisibilidad y los actos posteriores que lo ratificaron eran ilegales y arbitrarios, por lo que los dejó sin efecto. Además, reconoció el derecho de la empresa a demandar indemnizaciones y a perseguir la responsabilidad administrativa de los funcionarios.

¿Cómo se resuelven las costas cuando se acoge una impugnación contra un acto de un organismo público en materia de licitaciones?

En este caso, el Tribunal Contratación Pública acogió la acción y dispuso que cada parte pague sus propias costas, sin imponer condena en costas a ninguna de ellas.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2026 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación de una empresa cont…

    Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026

  • El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por u…

    Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026

  • El Tribunal de Contratación Pública acogió la acción de impugnación interpuesta por una…

    Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026

  • Una sociedad de profesionales impugnó ante el Tribunal de Contratación Pública la decla…

    Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026

  • El Tribunal de Contratación Pública acogió la demanda de una sociedad de profesionales…

    Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.