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Una sociedad de profesionales impugnó ante el Tribunal de Contratación Pública la decla…

Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2026

Resumen

Una sociedad de profesionales impugnó ante el Tribunal de Contratación Pública la declaración de inadmisibilidad de su oferta en una licitación pública del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) para servicios de asesoría técnica. La inadmisibilidad se fundó en la inhabilidad del artículo 35 quáter de la Ley N°19.886, por el vínculo matrimonial de un socio de la empresa con una funcionaria del organismo. La demandante sostuvo que la funcionaria pertenecía a la Dirección Nacional y no a la Dirección Regional que intervino en el procedimiento, por lo que la prohibición no le era aplicable. INDAP sostuvo que el servicio constituye una única persona jurídica. El tribunal acogió la demanda, declarando ilegales y arbitrarios el acta de admisibilidad y los actos posteriores, al entender que la prohibición alcanza al personal dependiente de la autoridad o jefatura superior que interviene en el procedimiento, lo que no ocurría en el caso. Reconoció el derecho de la empresa a demandar las indemnizaciones que correspondan y a perseguir la responsabilidad administrativa de los funcionarios, y dispuso que cada parte pague sus costas.

Normas citadas

  • Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública

Preguntas frecuentes

¿Procede declarar inadmisible una oferta en una licitación pública por el vínculo matrimonial de un socio con un funcionario del organismo licitante?

En este caso, el Tribunal de Contratación Pública sostuvo que la inhabilidad del artículo 35 quáter de la Ley N°19.886 alcanza al personal dependiente de la autoridad o jefatura superior que interviene en el procedimiento. Como la funcionaria no pertenecía a esa línea de intervención, acogió la demanda y declaró ilegal la inadmisibilidad.

¿Cuál es el alcance de la inhabilidad del artículo 35 quáter de la Ley 19.886 en licitaciones públicas?

El tribunal entendió que la prohibición se extiende al personal dependiente de la autoridad o jefatura superior que interviene en el procedimiento, y no a cualquier funcionario del mismo servicio. Por ello, la inhabilidad no se aplicó porque la funcionaria pertenecía a la Dirección Nacional y no a la Dirección Regional que intervino.

¿Qué efectos tiene la declaración ilegal de la inadmisibilidad de una oferta en un procedimiento de licitación pública?

En este caso, el tribunal declaró ilegales y arbitrarios el acta de admisibilidad y los actos posteriores, y reconoció el derecho de la empresa a demandar las indemnizaciones que correspondan y a perseguir la responsabilidad administrativa de los funcionarios. Cada parte debió pagar sus propias costas.

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