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La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo presentado contra…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2019

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo presentado contra el nombramiento de un receptor judicial de Santiago, que la recurrente cuestionaba por no cumplir, a su juicio, con el requisito de antigüedad del artículo 289 del Código Orgánico de Tribunales para integrar la terna elaborada por la Corte de Apelaciones de Santiago. La Subsecretaría de Justicia informó que el nombramiento se ajustaba a la normativa. El organismo concluyó que la facultad para revisar la legalidad de las ternas para proveer cargos judiciales corresponde en forma exclusiva a la Corte Suprema, por su superintendencia directiva, correccional y económica sobre los tribunales. Agregó que el decreto de nombramiento había sido tomado razón en 2018 por encontrarse ajustado a derecho.

Normas citadas

  • Código Orgánico de Tribunales
  • Resolución N° 4
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría revisar si un receptor judicial cumple el requisito de antigüedad para integrar una terna de nombramiento?

En este caso, la Contraloría concluyó que no le corresponde revisar la legalidad de las ternas para proveer cargos judiciales. Esa facultad es exclusiva de la Corte Suprema, en virtud de su superintendencia directiva, correccional y económica sobre los tribunales.

¿Qué órgano debe revisar el cumplimiento de los requisitos de antigüedad en una terna para receptores judiciales?

En este caso, el organismo sostuvo que la revisión de las ternas corresponde en forma exclusiva a la Corte Suprema, por su superintendencia sobre los tribunales. Por eso, la Contraloría no se pronunció sobre el fondo del reclamo de antigüedad.

¿Qué efecto tiene la toma de razón de un decreto de nombramiento de un receptor judicial?

En este caso, el decreto de nombramiento había sido tomado razón por la Contraloría por encontrarse ajustado a derecho. Antes, la Subsecretaría de Justicia había informado que el nombramiento se ajustaba a la normativa.

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