La Contraloría General de la República se pronunció sobre si los funcionarios municipal…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si los funcionarios municipales que, por disposición legal, no pueden ser calificados tienen derecho a la bonificación adicional del artículo tercero transitorio de la ley N° 20.624. El órgano констató que el artículo 31 de la ley N° 18.883 excluye de calificación al Alcalde, a los funcionarios de exclusiva confianza y al Juez de Policía Local, y que la bonificación exige estar calificado. Concluyó que no fue intención del legislador privar de este beneficio a esos servidores por el solo hecho de no poder ser evaluados, por lo que resolvió que procede otorgar la asignación adicional a los funcionarios que por expresa disposición legal no tienen posibilidad de ser evaluados.
Normas citadas
ley 20624 art/tercero tran
dl 3551/81 art/23
ley 18883 art/31 inc/3 ley 18883 art/31 inc/4
ley 18883 art/36
ley 18883 art/31 inc/1 ley 18695 art/47
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Tienen derecho a la bonificación del artículo tercero transitorio de la ley 20.624 los funcionarios municipales que no pueden ser calificados?
En este dictamen, la Contraloría General de la República resolvió que sí procede otorgar la asignación adicional a los funcionarios que, por expresa disposición legal, no tienen posibilidad de ser evaluados, pues no fue intención del legislador privarlos del beneficio.
¿Se excluye de la bonificación de la ley 20.624 al Alcalde, a los funcionarios de exclusiva confianza y al Juez de Policía Local por no estar calificados?
La Contraloría constató que el artículo 31 de la ley 18.883 excluye de calificación a estas autoridades y funcionarios, pero concluyó que ese solo hecho no les quita el derecho a la bonificación adicional.
¿Basta con no ser calificado para perder la bonificación adicional del artículo tercero transitorio de la ley 20.624?
Según este dictamen, la bonificación exige estar calificado, pero la Contraloría sostuvo que la falta de calificación por disposición legal no puede interpretarse como una privación intencional del beneficio.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2013
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