Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligación de la Universidad de Magallanes de someter a evaluación periódica a sus académicos, conforme al párrafo 2° del título II de la ley N° 18.575. El dictamen distingue entre los procesos de jerarquización y promoción, que son voluntarios y permiten avanzar en la carrera académica, y la evaluación académica, que es regular, periódica y obligatoria. Concluye que los procesos de jerarquización no reemplazan a la evaluación y que esta debe efectuarse con la periodicidad fijada en el decreto universitario N° 319, de 2007. Reconoce la autonomía de la universidad para definir el alcance de las materias evaluadas, su periodicidad, instrumentos y etapas. Por ello, ordena a la Contraloría Regional examinar el reglamento especial a la luz de la ley N° 18.575 y de los estatutos de la UMAG, y objetar, entre otros aspectos, la falta de normas que regulen los efectos de una evaluación deficiente, como la eventual eliminación del servicio.