La Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por una abogada municipal…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por una abogada municipal contra la Municipalidad de Maipú, que decidió no renovar su contrata para el año 2025. La recurrente alegaba que su vinculación continua generaba una confianza legítima en la renovación, y que la decisión carecía de motivación y era arbitraria. El tribunal concluyó que, por la interrupción del vínculo producida por una suplencia directiva, el tiempo de servicios efectivos como contrata no alcanzó los cinco años exigidos para configurar esa confianza. Por ello, la Administración no estaba obligada a dictar un acto motivado especial, pues el vínculo concluye de pleno derecho al término de cada año. En consecuencia, se revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido el recurso y se ordenó remitir copia de lo obrado a la Contraloría General de la República.
Normas citadas
Ley N° 18.834
confianza legítimacontrata municipalfuncionario públicorecurso de protecciónestabilidad en el empleoadministración municipalcesación de funcionesplazo de cinco años
Preguntas frecuentes
¿Un funcionario a contrata tiene derecho a que se le renueve su contrato por confianza legítima si lleva varios años trabajando?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la confianza legítima no se configuró porque la interrupción del vínculo por una suplencia directiva impidió acumular los cinco años de servicios efectivos como contrata que exige el criterio. Por eso la Administración no tenía la obligación de dictar un acto motivado especial para no renovar.
¿La no renovación de una contrata en el sector municipal debe motivarse con un acto administrativo especial?
En este caso, la Corte Suprema resolvió que no, porque el vínculo de contrata concluye de pleno derecho al término de cada año, por lo que la decisión de la Municipalidad de Maipú no era arbitraria ni carecía de fundamento. Así, rechazó el recurso de protección y revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que lo había acogido.
¿Qué ocurre cuando un tribunal detecta irregularidades en la gestión de una municipalidad al resolver un recurso de protección?
En este caso, la Corte Suprema ordenó remitir copia de lo obrado a la Contraloría General de la República para que evalúe los antecedentes. La decisión se tomó junto con el rechazo del recurso y la revocación de la sentencia de primera instancia.
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