Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de protección interpuesto por una abogada municipal contra la Ilustre Municipalidad de Maipú, que no renovó su contrata a contar del 1 de enero de 2025. La recurrente había sido nombrada a contrata desde noviembre de 2018, con renovaciones anuales, y también se desempeñó como suplente en un cargo directivo entre enero y junio de 2021. Tras renunciar a la suplencia, retomó su cargo de abogada grado 6, y su contrata fue prorrogada hasta 2024. La municipalidad decidió no renovarla para 2025, fundándose en la necesidad de reorganizar la unidad. La actora invocó el principio de confianza legítima, alegando que su vinculación continua generaba una expectativa de renovación. La Corte consideró que, al haber una interrupción en la continuidad del vínculo (por la suplencia y posterior reasignación), el tiempo total de servicios efectivos como contrata era inferior a cinco años, por lo que no se configuraba la confianza legítima. En consecuencia, la Administración no estaba obligada a dictar un acto motivado especial para no renovar el nombramiento. El fallo revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido el recurso, y ordenó remitir copias a la Contraloría General de la República.