La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por una…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por una funcionaria municipal contra la municipalidad, por la no renovación de su contrata. La recurrente invocó el principio de confianza legítima, argumentando que la negativa vulneraba sus garantías constitucionales. Sin embargo, la Corte desestimó el recurso al considerar que dicho principio no resultaba aplicable, ya que la funcionaria había sido designada previamente en un cargo de exclusiva confianza, lo que rompió la continuidad necesaria para generar una expectativa legítima de renovación. El tribunal sostuvo que no existe un derecho de propiedad sobre la contrata y que, al tratarse de un cargo de exclusiva confianza, la administración no estaba obligada a renovar el vínculo ni a restituir a la funcionaria a su anterior calidad de contratada.
Normas citadas
Ley N° 19.880
Ley N° 18.883
recurso de protecciónconfianza legítimacontrata municipalempleo públicoexclusiva confianzano renovación de contratadebida motivación del acto administrativoigualdad ante la ley
Preguntas frecuentes
¿Puede un funcionario municipal a contrata invocar la confianza legítima para exigir la renovación de su contrata?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que no, porque la funcionaria había sido designada antes en un cargo de exclusiva confianza, lo que rompió la continuidad necesaria para generar una expectativa legítima de renovación.
¿Existe un derecho de propiedad sobre la contrata de un funcionario municipal que impida su no renovación?
En este caso, la Corte sostuvo que no existe un derecho de propiedad sobre la contrata, por lo que la municipalidad no estaba obligada a renovar el vínculo.
¿Procede un recurso de protección contra la no renovación de la contrata de un funcionario municipal en un cargo de exclusiva confianza?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección, al considerar que la administración no estaba obligada a renovar la contrata ni a restituir a la funcionaria a su calidad anterior de contratada.
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