La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció una demanda contra el Estado de Ecu…
Sentencia · 2012
Resumen
La Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció una demanda contra el Estado de Ecuador por actividades de exploración petrolera en territorio del P.I.K.S., sin que se hubiera realizado una consulta previa a la comunidad. La Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de derechos humanos asociada a esos hechos, y dispuso medidas de reparación, incluyendo indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, el reintegro de costas y gastos, un acto público de reconocimiento de responsabilidad, publicaciones, programas de capacitación en derechos de los pueblos indígenas para funcionarios militares, policiales y judiciales, y la presentación de un informe sobre el cumplimiento en un año. La Corte se reservó la supervisión del cumplimiento íntegro de la sentencia.
Normas citadas
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana
Artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte
Artículos 33 y 34 del Reglamento anterior
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Preguntas frecuentes
¿Debe el Estado realizar una consulta previa a los pueblos indígenas antes de autorizar actividades de exploración petrolera en sus territorios?
En este caso, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional de Ecuador por desarrollar actividades de exploración petrolera en territorio del P.I.K.S. sin haber realizado una consulta previa a la comunidad.
¿Qué reparaciones puede ordenar la Corte Interamericana cuando un Estado viola derechos de comunidades indígenas?
En este caso, la Corte dispuso indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, reintegro de costas y gastos, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y publicaciones. También ordenó capacitación en derechos de los pueblos indígenas para funcionarios militares, policiales y judiciales.
¿La Corte Interamericana supervisa el cumplimiento de sus sentencias contra los Estados?
En este caso, la Corte se reservó la supervisión del cumplimiento íntegro de la sentencia y exigió al Estado presentar un informe sobre su cumplimiento en un año.
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