Resumen
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso de un funcionario contra el Estado de Ecuador, con sentencia de fondo, reparaciones y costas, en la que el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad. El tribunal examinó la admisibilidad de la prueba documental, testimonial y pericial, junto con los antecedentes del caso, incluido el proceso de nombramiento del afectado. En el voto se cuestionó que la mayoría hubiera declarado vulnerado el derecho al trabajo de forma autónoma, pues el Tratado y su P.S.S. limitan la competencia del tribunal en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y no existe norma que lo faculte para ello. Se sostuvo además que los tribunales nacionales y la Corte disponen de repertorios normativos distintos, y que la interpretación de la Convención puede proteger propiedad comunal indígena y categorías como orientación sexual e identidad de género.