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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una empresa proveedora del Estado, que cuestionaba los artículos 4° de la Ley N° 19.886 y 495 del Código del Trabajo. Estas normas establecen la prohibición de contratar con el Estado por dos años para empleadores condenados por prácticas antisindicales o por infracción a derechos fundamentales del trabajador. La mayoría estimó que la norma no produce efectos inconstitucionales y que su aplicación se ajusta a la Constitución, por tratarse de una sanción legítima y proporcional. Dos ministros disidentes habrían acogido la inaplicabilidad, sosteniendo que el recurso debía resolverse con la legislación vigente y sus efectos inconstitucionales, sin que el avance legislativo en curso justificara desestimarlo.

Normas citadas

  • Ley N° 19.886, artículo 4°, inciso primero, segunda frase
  • Código del Trabajo, artículo 495, inciso final
  • Código Penal (delitos concursales)
prácticas antisindicalesderechos fundamentales del trabajadorcontratación administrativaprohibición de contratarinaplicabilidad por inconstitucionalidadTribunal Constitucionalnegociación colectiva

Preguntas frecuentes

¿Puede un proveedor del Estado ser inhabilitado para contratar con la Administración por haber sido condenado por prácticas antisindicales?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y sostuvo que la prohibición de contratar con el Estado por dos años, aplicable a empleadores condenados por prácticas antisindicales o infracción de derechos fundamentales del trabajador, no produce efectos inconstitucionales.

¿Es constitucional la prohibición de contratar con el Estado que establecen el artículo 4° de la Ley N° 19.886 y el artículo 495 del Código del Trabajo?

En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional estimó que estas normas se ajustan a la Constitución, pues constituyen una sanción legítima y proporcional. Dos ministros disidentes estuvieron por acoger la inaplicabilidad.

¿Procede declarar inaplicable una norma de contratación pública cuando existe un proyecto de ley en tramitación que la modificaría?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que el avance legislativo en curso no justificaba desestimar el requerimiento, según sostuvieron los dos ministros disidentes. La mayoría, en cambio, resolvió el asunto por el fondo al rechazar la inaplicabilidad.

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